viernes, 9 de agosto de 2013

La normalidad en el delito


Un amable lector nos ha enviado este texto que por su interés hemos decidido publicar y que amplia el primero de los articulos que a modo de miniserie os estamos contando estos días previos a las declaraciones ante Ruz del trío Arenas & Cascos & Cospedal. Nos pide , y así hacemos, que su nombre original y genuino sea sustituido por un pseudónimo.


La normalidad en el delito

(Unas consideraciones sobre la última declaración de Luis Bárcenas y doce preguntas, algunas retóricas, otras ingenuas)

El 7 de agosto el cronista genovés no oficial en su artículo, que promete ser el primero de una serie de cinco, titulado, “Luis Bárcenas, el PP y los impuestos patrióticos” pone el acento en una cuestión un tanto chusca de la última, por ahora, declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Se fija fundamentalmente en lo que podríamos denominar, ‘la fórmula no violenta (presumimos) de impuesto conservador’.

En aquella época los ciudadanos españoles con posibles podían ser receptores de dos tipos de misivas, con un mismo objetivo: que el personal se aflojara el bolsillo.

Si la carta era de la muchachada del pasamontañas, la cosa estaba clara o pagabas o te mataban o te secuestraban. Como no somos afortunados tenedores de un alto nivel de renta, no sabemos cuál eran los argumentos de las cartas que provenían de la calle Génova a fin de mover el ánimo paganini del personal, sobre todo de aquellos que no eran militantes del PP.

Pero no es ese chusco y singular paralelismo epistolar - impositivo lo que ahora nos motiva, sino una serie de dudas que sería bueno que alguien propio o ajeno nos aclarara. Más que nada porque en este tiempo de apreturas quizás pudiera aportar ideas a unas cuantas familias para llegar a fin de mes. Las dudas, unas más en serio y otras no tanto, serían las siguientes:

1.    La primera y más evidente es qué decía la (s) carta (s). Puesto que de marketing se habla, estoy seguro que más de una escuela de negocios estaría dispuesta a aportar un estudio sobre el particular que según la información de LB, funcionó nada menos que durante 10 años. La cosa tiene su mérito.

2.    ¿La depuración de la lista de destinatarios de las cartas se hacía exclusivamente en función de los ingresos?.¿Podemos concluir pues que realmente el PP había dado por efectivamente liquidadas las ideologías?

3.    De ser así, ¿cuándo, recientemente, el PP afirmaba de sí mismo que eran el partido de los trabajadores, lo decían porque a los trabajadores no les cobraban o porque recaudaban entre los más ricos para distribuirlo precisamente entre los trabajadores?

4.    ¿Se informaba a los presuntos contribuyentes que una de las funciones de la recaudación era la dignificación de los salarios de los políticos… del PP?

5.   ¿Cuáles son los ingresos obtenidos por esta vía en cada uno de los años en que el impuesto estuvo implantado?

6.    Y derivando ya en el campo de alguna presunta actividad delictiva, ¿cómo obtuvo el PP la lista de contribuyentes españoles? ¿Quién se la facilitó? ¿Quién la recibió? ¿Quién la manejaba?, ¿Cuántas personas tenían acceso a esa información?

7.    ¿Hubo una única entrega de información tributaria o hubo varias? Dicho de otra manera, se actualizaba la información tributaria de los listados de los contribuyentes a los que se giraban las cartas?

8.   Sin perjuicio de la gran cantidad de normas que regulan la privacidad de la información fiscal a la que ni siquiera accede el Parlamento ¿cómo cohonestaba el Partido Popular esta práctica con la, por entonces de reciente aprobación, Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y a la propia imagen, cuyo artículo 7.4 establece que es una intromisión ilegítima “la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela”?

9.   ¿Por qué las distintas direcciones que el PP tuvo en el periodo 1983-1992 no impidieron estas prácticas, que se sustentaban en una actuación claramente ilegal?

10. Aunque a estas alturas resulte ingenuo, ¿por qué las distintas direcciones que el PP tuvo en el periodo 1983-1992 no denunciaron una práctica delictiva en tanto que se sustentaba en la obtención ilegal de datos fiscales? ¿No es obligación legal de todo ciudadano la denuncia de los hechos delictivos de los que se tiene conocimiento?

11.¿Merecería mayor reproche si quien omitió ese deber de denuncia es un inspector de hacienda, que mejor que otros, conoce el carácter de la información que se manejaba?

12. ¿Qué se hizo de la información fiscal y contributiva obtenida en este decenio?, ¿se conserva o se destruyó? ¿Se han legalizado alguna vez estos ficheros de datos personales? ¿Con qué resultado?

Ya sabemos que si estas prácticas resultaran delictivas, que lo parecen, estarán prescritas. Nos permitimos estas consideraciones para dejar de manifiesto nuestra perplejidad. En la descripción de los hechos, en su justificación, se evidencia una escandalosa actitud de normalidad en el delito o en las prácticas irregulares. Si a ello le añadiéramos qué hacían y decían por entonces, qué prácticas les pareció que debían ser objeto de denuncia, obtendremos un perfil ético que prefiero no calificar.

Visto desde hoy, las cosas no mejoran porque se diga que esta práctica se haya abandonado. No se abandonó por ilegal o ilegítima. Se abandonó porque “la gente va falleciendo, cada vez el fichero rendía menos”. Se encuentran muy lejos de acudir a esa institución, que les es tan querida, del perdón. Sencillamente, porque a lo que parece, aún no son conscientes de la culpa.

Fdo. Ansúrez se esconde

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