Caja B genovesa : 10 sospechosos indicios.

Rajoy en su despacho reformado de Génova 13

Tras la sentencia de un Juzgado de lo Social de Madrid sobre el “despido simulado  y en diferido de Bárcenas”, y el desconcierto causado entre las filas genovesas, y en particular entre los cada vez menor número de seguidores de Cospedal, se les abren nuevos nubarrones que hacen que los próximos meses, los originales y genuinos inquilinos de Génova 13, no ganen para sustos.

Y es que, como se verá, transcurridos 17 meses desde la creación de la pieza separada denominada “informe UDEF-BLA nº 22.510/13 que analizaba las correlaciones existentes entre los papeles de Bárcenas publicados por El País y la documentación disponible hasta ese momento en el sumario, cada vez son más numerosos los indicios que confirmarían que los denominados “manuscritos de Bárcenas” se corresponden en realidad con la existencia de una Caja B que durante los últimos 20 años habría venido funcionando con regularidad en el Partido Popular.

Ya en ese primer informe de la UDEF, como bien resumió Ruz en un 7 de marzo del 2013 se concretaban “una serie de correspondencias” entre los apuntes de la contabilidad B de Luis Bárcenas y la financiación del PP. En síntesis, para los más despistados, eran los siguientes:

1. Un apunte en el que se aportan en 1999, 21 millones de pesetas a Génova por parte de Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia, que coincide con documentación intervenida en una caja de seguridad del susodicho.

2. Varios apuntes de aportaciones realizadas por Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, que coinciden con la documentación incautada en el pen drive del contable de la trama, José Luis Izquierdo en relación con las elecciones gallegas de 2001.

3. Otro apunte relacionado con una aportación de Constructora Hispánica en 2003 coincidente con comisiones que esta empresa habría pagado por la concesión de una contrata pública en ese año.

Desde ese preciso instante, tampoco está de más recordarlo, que la estrategia de defensa de Cospedal y Asociados respecto a los manuscritos contables de su ex tesorero, ha pasado de negar su propia existencia ( “son fotocopias de fotocopias” ) a no cuestionar ni su autenticidad ni sus consecuencias.

De hecho en este cambio no han sido ajenas ni las declaraciones en sede judicial del propio Bárcenas, los testimonios de 2 de sus ex Secretarios Generales (Cascos y Arenas), de tres de sus extesoreros imputados (Sanchís, Naseiro y Lapuerta), de un exgerente nacional doblemente imputado (Paéz), de decenas de empresarios, de otros dirigentes nacionales y regionales, etc. ni de los numerosos informes elaborados por las unidades de auxilio judicial.

Cambio que como ya hemos informado se ha visualizado además en el desistimiento en cadena de las demandas que contra su maltrecho honor habían interpuesto en varios juzgados dirigentes tan variopintos como Rato, Oreja, Arenas y Teófila Martínez. Para remate, tampoco les ha favorecido el hecho de que hayan sido desestimadas las demandas que a titulo particular se habían mantenido contra el ex tesorero y/o El País por parte, entre otros, de Aznar, Cospedal, Agag o Urquijo.

Pero sin duda, sus mayores problemas los tienen en Ruz y en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que a través de sus sucesivos autos han ido concretando los indicios de una Caja B sostenida en el tiempo. De todos ellos, sin duda destaca, por su claridad es el que Ruz firmó el 15 de mayo 2014 y que concluye que:

“Hoy ya sabemos que en el curso de la investigación, se han practicado diligencias tendentes a comprobar la realidad de las aplicaciones de fondos en metálico registradas en la referida contabilidad paralela, que aparecen destinadas, según confirma Luis Bárcenas en declaraciones judiciales de 15.07.13 y 10.04.14, y se encuentra parcialmente contrastado por el resultado de otras diligencias practicadas:

a) Al pago de gastos generados en campañas electorales.

b) Al pago de complementos de sueldo a determinadas personas vinculadas al Partido, bien de forma periódica u ocasional.

c) Al pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido político”.

Y es que Ruz para poder entender mejor esa contabilidad paralela ha diseccionado la pieza en varios bloques que tanto por separado como conectados entre sí, explican bien la mecánica llevada a cabo y la correlación entre ingresos y gastos de esa Caja B. De manera resumida estos son los 10 bloques más relevantes y su actual estado en la instrucción:

01.Reforma de la sede nacional del PP. Con varios informes en mano, testimonios variopintos y numerosa documentación comprometedora, Ruz ha dejado constancia por escrito de cómo ve este asunto, señalando que “ a nivel indiciario” el PP es dueño y señor “de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el partido popular al tribunal de cuentas que, entre otros extremos pendientes de indagación, habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa unifica encargada entre los años 2005 y 2011 de la ejecución de diversas obras de reforma y remodelación de la sede principal de la referida formación política en la ciudad de Madrid, sita en la calle Génova nº 13, pagos que no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o “b” llevada en el seno de la citada formación y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas y Álvaro de Lapuerta”. 

En estos momentos, tras incrementarse el número de imputados y tomarles testimonio, se está a la espera de que la UDEF entregue el informe definitivo sobre los correos incautados en Génova 13 y su cruce con los también incautadas en el registro de unifica.

02. Pago de una comisión en Castilla La Mancha. Este asunto tiene su origen en una declaración de Bárcenas que como quien no quiere la cosa, aportó documentación en relación al pago de una comisión de 200.000 euros por una contrata del ayuntamiento de Toledo destinada a financiar los gastos de la campaña electoral de María Dolores Cospedal en 2007. Entre esa documentación figura un comprometedor recibí firmado por el gerente del PPde esa comunidad, José Ángel Cañas.

Desde entonces Ruz ha ido cerrando el circulo imputando a varios de los que intervinieron en este trueque: el propio Cañas, los Presidentes de Sacyr, Luis del Rivero y Manuel Manrique y se está a la espera de tomar declaración al último en la cadena de mano no aforado,el ex concejal de Hacienda y Tesorero regional del PP el próximo 24 de julio.

También la IGAE ha constatado “trato de favor” a la empresa adjudicataria  y que  se actuó “omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho”.

03. Compra de la sede del PP de La Rioja. La primera referencia sobre esta compra aparece en un apunte contable de Bárcenas de 26 de mayo de 2008 bajo la rúbrica “entrega de La Rioja” por importe de 200.000 euros. Se han elaborado varios informes, también de la IGAE que añaden nuevas dudas sobre las chapuzas de todo tipo que rodean esta operación. De momento Ruz ha tomado declaración a varios de los dirigentes regionales que estuvieron en los entresijos de esta peculiar compra para que le expliquen “la indiciaria congruencia observada” entre lo declarado por Luis Bárcenas y lo hallado por la IGAE.

Tras escuchar sus incoherentes explicaciones, trufadas de calculados silencios y evasivas, y a propuesta de la Udef, se está a la espera que el director de una sucursal del banco Santander de Logroño, aporte “ de inmediato toda la documentación que obre en sus archivos y expedientes (análisis de riesgo, notas internas, propuestas  comerciales, comunicaciones, etc.) en cuanto a los préstamos hipotecarios concedidos al Partido Popular de La Rioja, por las cantidades de 900.000,00 €”.

04. La deuda de Pontevedra. En su auto del 11 de octubre de 2013, Ruz ordena investigar el embargo de 160.000 euros en una de las cuentas bancarias del PP por una deuda impagada del PP de Pontevedra. Esta acusación nace de la declaración de Bárcenas, en la que revela que, efectivamente, se produjo un embargo de 160.000 euros por una deuda del PP de Pontevedra y que, en un momento determinado el gerente de Pontevedra le entregó 50.000 euros que él destinó a pagar sobresueldos en negro a Rajoy y a Cospedal en el año 2010.  Una vez recibida documentación solicitada y analizada por la IGAE, cualquier día de estos Ruz toma nuevas decisiones sobre este oscuro episodio que afecta muy directamente al registrador de la propiedad en servicios especiales.

05. Compra acciones Libertad Digital. Este asunto también tiene su origen en “los manuscritos de Bárcenas” donde figuran en el 2004 un apunte de 149.600 euros para la compra Rosalía iglesias de 1360 títulos de Libertad Digital.

En sus declaraciones judiciales, Bárcenas ha explicado y documentado los detalles de esta compra, señalando a los que intervinieron en la misma y al responsable político de ordenar a Álvaro Lapuerta de “echar una mano” a este grupo mediático de la ultraderecha  que según el ex tesorero, fue el entonces secretario general, Ángel Acebes. En aquellas fechas, entre sus propietarios figuraban el periodista Federico Jiménez Losantos y  Alberto Recarte. Las acciones fueron adquiridas por Álvaro Lapuerta, Rosalía Iglesias ( posteriormente se las traspasó a Francisco Yáñez ) y Alberto Dorrego.

Por último, el pasado 11 de julio del 2014 , la Udef ha solicitado a Ruz que requiera a Libertad Digital su libro registro de acciones nominativas en el que se refleje la titularidad de las acciones de la empresa así como las transacciones efectuadas con las mismas: “con el objeto de conocer el momento temporal de dicha transmisión, así como el destino final que han tenido dichos títulos, así como los que fueron comprados por las personas anteriormente reseñadas (Lapuerta y Dorrego, además de la propia Rosalía Iglesias y de Francisco Yáñez)”.

06. Donaciones admitidas en sede judicial por imputados. El empresario imputado José María Mayor Oreja, hermano de Jaime (el que te imaginas), expresidente de FCC construcción, ha reconocido para sortear la legislación haber realizado dos pagos al PP, a través de dos sociedades filiales -promociones Teide y Bbr- que no eran adjudicatarias de contratos con la administración. Por su parte, Antonio Vilella ( constructora Rubau) también ha admitido haber realizado dos donaciones a título particular que, sumadas, superan el límite permitido de 60.000 euros. Ambos testimonios son coincidentes con informes de la Udef que ha constatado cómo la contabilidad oficial del PP disimulaba mediante su fraccionamiento las donaciones ilegales que apuntaba el ex tesorero en su cuaderno (por encima de 60.000 euros y efectuadas por constructores que no podían hacerlas pues contrataban con administraciones públicas) mediante ingresos de cantidades menores en el Banco de Vitoria bajo el concepto de “donaciones anónimas”. Sumadas esas cantidades daban, casualmente, la misma cifra que había anotado Bárcenas de su puño y letra en su libreta.

07.Testigos corroboran veracidad papeles Bárcenas. Distintos testigos han reconocido la veracidad de apuntes que figuran en la contabilidad b del ex tesorero. Entre ellos, cabe citar al actual presidente del senado, Pío García escudero, al diputado Eugenio Nasarre, al ex consejero del gobierno de navarra, Calixto Ayesa, ex diputado Jaime Ignacio del Burgo o el ex senador Luis Fraga, ex sobrino Fraga Iribarne que recientemente ante Ruz no solo ha confirmado que recibió en metálico las cantidades que figuran anotadas en los manuscritos sino que además entregó dinero a los responsables del PP de su circunscripción para sufragar su candidatura al senado por la provincia de Guadalajara .

08. Financiación PP Comunidad Valenciana. En la causa obran distintos informes que explican los mecanismos utilizados para financiar actos del partido popular y del grupo parlamentario popular en la comunidad valenciana por parte de empresas que recibían contratos públicos. En concreto, informes de la Udef del 31 de julio de 2009 y del 20 de julio de 2010 explican cómo las empresas Sedesa, Lubasa o Enrique Ortiz e hijos pagaron actos del PP valenciano y del grupo parlamentario a través de facturas ficticias cursadas a Orange Market y con las que se descontaban las deudas del PP con esta empresa de la trama Gürtel. En esta misma línea se enmarca el informe final de la AEAT sobre regularidad de cobros y pagos de Orange Market en los años 2007 y 2008. De hecho, el TSJCV tiene muy avanzadas la instrucción en una pieza separada la  supuesta financiación ilegal del PP por parte de esas empresas constructoras.

09. Financiación PP comunidad de Madrid
Aunque Ruz no ha tomado aún decisiones al respecto, son varios los informes de la Udef y la Onif que plantean dudas razonables sobre el verdadero papel que han tenido en la sobrefinanciación irregular de este partido tanto la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), ligada al PP regional de Madrid, presidida y gestionada por sus dirigentes como la  Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), presidida por Aznar. En algunos casos los donantes son empresarios con fuertes intereses en el sector público, en particular en la CAM. Entre los donantes, se encontraba el ex presidente de la CEOE y de la CEIM,  el condenado Gerardo Díaz Ferrán.

10. Pendrive Bárcenas . Entre los ficheros que se encontraban en ese pendrive – autentificado por los peritos informáticos de la policía – figuran apuntes contables de los gastos de la campaña electoral del PP en las generales de 1993. De la comparación con los datos facilitados por el PP al Tribunal de Cuentas y fiscalizados por el mismo y los que se contienen en ese fichero hay un desfase de, al menos, 500 millones de pts que presumiblemente tienen su origen en una financiación irregular de este partido.