El pasado día 26 de junio escribíamos la primera parte de un post para el que tomábamos prestado la figura principal de la novela de George Orwell “1984 “.
En realidad, con las cautelas debidas, lo que allí señalábamos formaba parte de un rumor que iba y venía por la red y que como ha quedado acreditado días después por el diario El País, apuntaba que dentro del gobierno de Mariano, hay miembros de su Consejo de Ministros que llevan en su ADN tales dosis de sectarismo que, sin complejos, levantan el teléfono que entre todos les pagamos y piden informes a sus monosabios de compañía con rango de Director General y/o asimilados sobre asuntos y cuestiones que legal y éticamente no pueden ser ni objeto de informe ni muchos menos acabar en la mesa y en el ordenador de ese miembro del Gobierno.
Y como es natural con esos principios tan sólidos que, como diría Groucho Marx, pueden ser cambiados si a la concurrencia no les gustan, resulta tremendamente tentador husmear en la vida y obra de sus adversarios políticos a través de la obtención y análisis de datos que por su carácter confidencial no pueden salir de su circuito natural y acabar en Génova 13, Complejo de la Moncloa, Agustín de Benthecourt o Josefa Valcárcel, entre otros destinos de referencia.
Pues todo esto y mucho más que se acabará conociendo al detalle ha sucedido. Desde el lunes de esta semana El País nos está informando al minuto del tremendo lío que, como diría su Mariano, tiene encima de su mesa su inefable Ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez. Es un lío político, ético y penal de tal envergadura que en cualquier país de la vieja Europa ya se hubiera saldado, al menos, con varias dimisiones en cadena: Ministra, Director General de Empleo y la asesora autora de un informe que para poder hacerlo, necesariamente ha tenido que disponer de un expediente protegido y cuyos contenidos son confidenciales, salvo para las partes llamadas a negociar un ERE.
La secuencia de lo sucedido y que en este post os estamos contando está acreditado documentalmente, por mucho que los implicados y futuros imputados lo nieguen. Vayamos por partes.
En primer lugar, desde hace meses se viene publicando en diferentes medios de comunicación que el PSOE estaba preparando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría afectar a la mayoría de sus trabajadores.
En segundo lugar, el Gobierno con su sectaria y rociera Ministra Báñez a la cabeza del operativo de seguimiento y control, sabían que de presentarse ese ERE, tarde o temprano, pasaría por el Registro de la Dirección General de Empleo dependiente de la susodicha Ministra y cuyo Director General, Xavier Jean Braulio Thibault Aranda es además de un talibán genovés sin fisuras ni complejos, profesor de Derecho del Trabajo en el mismo Departamento que la asesora García Piñeiro y que dirige el padre espiritual y académico de ambos, el Catedrático Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, inspirador de la vigente reforma laboral que ha susurrado al oído del Gran Hermano gubernamental. El viernes 22 de junio el PSOE lo entrega a efectos de notificación administrativa en la C/ Pío Baroja, 6.
En tercer lugar, esa tarde el ERE está en la mesa y en el ordenador de la asesora de la Ministra y profesora titular de Derecho del Trabajo de la UCM. Nuria Paulina García Piñeiro. La susodicha, además de hacer un resumen resumido de dos paginas bajo el rimbombante titulo “ Nota sobre las medidas de regulación de empleo (despidos colectivos, suspensión de contratos y reducciones de jornada) presentadas por el PSOE el viernes 22 de junio “ entrega la mañana del lunes 25 la nota a su Jefe de Gabinete y la Ministra Báñez.
En cuarto lugar, ese día había publicado el periódico ultra conservador La Razón, cada día más entusiasta y más entregado a la causa genovesa y a su líder Mariano, que dirige el inaudito Marhuenda, precisamente ex Jefe de Gabinete del Registrador de Santa Pola cuando fue Ministro de Administraciones Publicas y de Educación, una primera información sobre el ERE socialista.
En quinto lugar, y por este orden, la Ministra Báñez, que desde media mañana disponía del documento, sin pensárselo dos veces ni tres, envía desde su correo oficial, al menos, una copia de la nota resumen elaborada por su asesora a periodistas y tertulianos de su más absoluta confianza. El documento se denomina “ERE nacional. doc. “y ocupa 25KB. Se redacta desde el ordenador asignado a la asesora por los servicios informáticos del Ministerio y que se corresponde con el número del DNI de Nuria Paulina García Piñeiro.
En séptimo lugar, el pasado viernes 29 de Junio, lo que eran rumores comienzan a ser certezas. El lunes 2 de Julio, El País comienza a publicar las primeras informaciones sobre la Gran Hermana Genovesa Báñez.
En sexto lugar, el martes día 26, La Razón, en exclusiva excluyente, tira el ERE del PSOE por la ventana y vuelve a publicar otra información tan precisa y exacta que se corresponde literalmente con muchos de los párrafos que se contienen en la nota que la Ministra había enviado a su selecta lista de distribución.
En séptimo lugar, el pasado viernes 29 de Junio, lo que eran rumores comienzan a ser certezas. El lunes 2 de Julio, El País comienza a publicar las primeras informaciones sobre la Gran Hermana Genovesa Báñez.
Hasta aquí un sucinto relato de los hechos tal cual se han ido sucediendo. Las consecuencias y las responsabilidades políticas, administrativas y judiciales de los implicados/imputados las irá estableciendo el tiempo y las nuevas informaciones que se irán conociendo y en muchos casos publicando.
3 comentarios:
¡Genial! Me llamó la atención la 1ª parte y como tenía tiempo libre y del DNI de la asesora solo faltaban las dos últimas cifras me puse a mirar la letra que se asigna a cada número, no tuve mucha suerte porque el primero que miré de esa centena no tenía la Z, que lamentablemente sí tenía el último de la centena anterior, por lo que me tocó mirar 23 DNIs antes de llegar a la Z, que tenía el 22, de ahí me salió que los de la Z de esa centena eran el 22, el 45, el 68 y el 91, miré los nombres y no me llamó la atención ninguno, así que lo dejé hasta que casualmente el País hizo público que la asesora Nuria Paulina García Piñeiro había hecho el informe, como quiera que ese nombre no es muy común y es fácil recordar que te suena de algo pensé que era de eso, y justo, encontré de nuevo su DNI y vi que acababa en 68, que le correspondía la Z, y ahora que vuelve a estar el artículo del Gram Hermano Genovés todo encaja, si Bañez no acaba dimitida, si el PSOE denuncia y no acaba condenada, y si Nuria Paulina no acaba despedida tras abrírsele un expediente entonces sí que apaga y vámonos. Enhorabuena por este trabajo.
¿Qué se esconde tras el propietario del ático de Marbella?
Dos comisarios, uno jefe local de Marbella y otro comisario general de Policía Judicial,
nombrado ni seis meses antes como hombre de confianza y miembro de la Junta de
Gobierno, han sido cesados por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz, por investigar
para conocer al propietario del ático de Marbella en los últimos cinco meses.
Nunca en la historia de la Policía desde la llegada de la democracia se ha visto tal cosa, y
nunca antes las instituciones y los poderes públicos, el Gobierno (y su presidente a la
cabeza), el legislativo y el judicial han estado mirando hacia otro lado ante una evidencia
tan clamorosa como la que nos ocupa en este caso.
Una vivienda valorada en un millón de euros, no escriturada en España, de la que se
desconoce propietario, alquilada por un alto cargo político que paga un alquiler irrisorio
(de lo que nadie ha visto documentos), a una empresa que se anuncia en internet como
experta en ocultar la identidad de propietarios de bienes (se supone que para blanquear
dinero fruto de actividades ilícitas o para no cumplir sus obligaciones fiscales), radicada en
el extranjero, se ha convertido en un “expediente X”, que es una prueba de moralidad de
la política, la justicia y la Policía en España porque es imposible de entender que la fiscalía
anticorrupción no investigue, que Hacienda (de momento) no haya hecho nada, que el
ministro del Interior y el director general parezcan más empeñados en cesar a los
comisarios que investigan que en conocer la identidad del presunto delincuente, que el
vicepresidente de la comunidad de Madrid no haya facilitado datos que puedan conducir
al propietario y que la presidenta de Madrid tampoco exija a su número dos transparencia
en este asunto.
En nuestra opinión hay un agujero negro en España, una evidencia de corrupción de las
más altas instituciones, incluida la Policía, si nadie hace todo lo legalmente posible para
conocer la identidad del dueño de ese ático, de ese millón de euros previsiblemente de
dinero negro invertido impunemente por alguien al que nadie parece querer molestar.
Un comisario cesado por “investigación ilegal” (según dijo el ministro de Interior en el
Congreso aunque en su expediente disciplinario no le acusan de eso), y un comisario
general cesado por no haber comunicado a su superior jerárquico y este a los políticos la
apertura de unas diligencias. Policía politizada es igual a fin de la democracia. El ministro
debe decir de qué diligencias que abra la Policía en uso de sus competencias quiere ser
informado y para qué quiere dicha información.
Todo lo demás, si ha habido una carta chantajista del SUP al comisario general cesado, o si
la fiscalía anticorrupción ha cerrado la investigación son cortinas de humo que no debieran
distraer del fin último de la investigación policial y por la que varios profesionales de la
Policía fueron acusados en sede parlamentaria por el ministro del Interior de llevar a cabo
prácticas ilegales (el comisario y no nos olvidemos, sus subordinados).
Si el comisario general cesado, o el ministro, o quien corresponda, considera que la carta
remitida por el SUP era un chantaje que lo denuncie. Nos veremos en los tribunales.
Si la fiscalía anticorrupción ha archivado el asunto después del escrito remitido al SUP en el
que señalaba que podía haber indicios en todo caso para realizar una investigación policial,
que se difunda dicho escrito.
En este estado la cuestión es casi imprescindible que los medios de comunicación que
quieran limpiar España de corrupción y de corruptos no se limiten a repetir lo que le dicen
fuentes oficiales. Ese supuesto archivo de la fiscalía anticorrupción difundido desde
fuentes oficiales puede ser una respuesta escrita a una pregunta también escrita del
comisario general cesado, en la que este se interesa sobre si había alguna diligencia abierta
de investigación por la fiscalía sobre el asunto en cuestión tras la carta del SUP, y la lógica
respuesta de la fiscalía es que no, que ya respondió a la carta sindical y que no tiene
diligencias abiertas. Colegir de esto que se ha archivado el asunto y no querer que la
Policía cumpla con su obligación investigando para perseguir delitos como se pretende
desde el Ministerio del Interior (cuyo Gabinete de prensa es quien difundió ayer los bulos
y mentiras sobre el chantaje del SUP) los coloca, en nuestra opinión, al otro lado de la línea
de la legalidad. Es algo que nunca habíamos visto antes desde 1980.
El SUP no va a ceder ante ninguna presión o amenaza de nadie, por poderoso que sea,
cuando de cumplir con nuestro deber como organización sindical de defensa de los policías
se trate, cumpliendo la ley y los principios básicos de actuación que hemos jurado o
prometido defender. En una democracia los políticos están sujetos a la ley, no al revés.
Queremos saber quién es el propietario del ático de lujo de Marbella. Esa cantidad de
dinero puede ser la punta del iceberg de una organización ilegal de narcotraficantes,
políticos corruptos, traficantes de mujeres para la prostitución etc. ¿Por qué no contamos
con el impulso del ministro del Interior sino al contrario? ¿Por qué ha cesado a los dos
comisarios que han investigado el asunto? En tanto no responda a estas preguntas, en
nuestra opinión este ministro del Interior no merece ser miembro del Gobierno de España.
Madrid, 3 de julio de 2012
José Manuel Sánchez Fornet
Secretario general del SUP
Como se ve, quien no tiene que investigar investiga a la oposición de manera que no roza el delito (no lo roza, lo da de lleno)y por otro lado quien tiene la responsabilidad de perseguir a los delincuentes cesa a los profesionales cuyo trabajo consiste en investigar a los delincuentes por hacerlo demasiado bien, no me extraña que hayan hecho la ley de amnistía fiscal mientras a los ciudadanos honrados nos brean, legislan para delincuentes y para ellos mismos, aunque con decir delincuentes ya estaban todos abarcados.
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