Cristina Cifuentes, el precio del poder y su extraño marido



Foto oficial del clan Cifuentes en la Delegación del Gobierno. Viyuela primero a la derecha 

Cristina Cifuentes Cuencas y Francisco Javier Aguilar Viyuela durante años han sido una desconocida pareja de genoveses. La primera, a pesar de llevar 17 años ocupando cargos públicos y sobre todo, a pesar de su notable afán de protagonismo, apenas lograba que a trancas y barrancas su nombre ocupara unas breves líneas en los medios de comunicación, exclusivamente de ámbito local. El segundo, aunque tuvo su momento de gloria cuando fue nombrado por el gobierno de Ruíz Gallardón para ocupar una Dirección General, tampoco ha tenido desde entonces protagonismo, ni mucho ni poco.

Sin embargo, desde que el pasado viernes 13 de enero, la primera fuera nombrada Delegada del Gobierno en Madrid, las noticias, comentarios y chascarrillos se han disparado en la red. Para que nos hagamos una idea, solo en Google, Cristina Cifuentes obtiene 339.000 resultados, es decir, más del doble que, por ejemplo, la Ministra de Sanidad, Ana Mato Adrover (149.000) o Lucía Figar Lacalle, Consejera de Educación de la CAM (81.500).

Los resultados de Javier Aguilar Viyuela son muchos más modestos, alcanzando a día de hoy 5.290 resultados que como se verá más adelante están exclusivamente asociados al mundillo judicial, a través de edictos, sentencias, multas, embargos y notificaciones.

Cristina Cifuentes ha logrado, eso nadie se lo discute, que en un tiempo record, su nombre, su rostro arreglado pero informal y sus múltiples actuaciones sean noticia y estén en boca de gente variopinta, dentro y fuera de la gran familia genovesa. Antes que ella, ninguno de los 10 Delegados que le han precedido se acerca a sus tiempos de presencia en los medios.

Su esfuerzo no ha sido en vano. Un día sí y otro también, Cristina Cifuentes se tira temprano a la calle para hacerse hueco en los teletipos, en los telediarios, en twiter, en youtube, en las tertulias, en los palcos oficiales, en múltiples actos públicos, en las ejecutivas genovesas, tomas de posesión, etc. Está instalada en un sin vivir.  Opina, sentencia, recopila, resume sobre todo y sobre todos. Prohibe manifestaciones a la izquierda mientras que autoriza a la derecha. Halaga y felicita a los policías de porra fácil mientras que califica de golpistas a los manifestantes que se manifiestan frente al Congreso de los Diputados. Todo vale si la dicha es buena

Y sin embargo Cristina Cifuentes, tan locuaz en tiempos revueltos, es muy sensible y discreta cuando se trata de asuntos que ella misma auto califica de personales. Pide respeto y silencio sobre su familia y en especial, sobre su marido. Tanto que cuando se la pregunta amigablemente sobre el por qué son varios los juzgados que le siguen sus pasos, Cristina Cifuentes se indigna alegando que “No acostumbro a hablar de temas personales jamás, jamás, voy a hacer una excepción. Eso de que está en ‘busca y captura’ es una mentira, una falsedad”.

Con esta actitud, dicen algunos, Cristina Cifuentes lo que intenta es quitarse de en medio en un asunto que desde que se ha hecho público, no logra despegarse y lleva camino de convertirse en una pesada carga para su ajetreada y programada carrera política.

Sea lo que fuere, el caso es que cuando Cristina Cifuentes niega que Francisco Javier Aguilar Viyuela esté en busca y captura es lo mismo que  si admitiera, sin decirlo, que en realidad lo que está es en un desconocido paradero que ella conoce bien y que paradójicamente cuenta con protección estática de la policía nacional.

Tampoco dice nada, quizá porque no se la pregunta,  sobre las razones por las que el nombre y apellidos de su marido llevan dando tumbos desde hace años por numerosos juzgados. Lo mismo sucede sobre las causas por las cuales, sin ir más lejos,  ella misma con su nombre y sus apellidos aparece citada junto al de su marido en un edicto de un juzgado de Gijón. Enigmas genoveses sin resolver.

Lo dejamos por hoy recordando que en su partido cuando quieren referirse a la hiper activa Cifuentes dicen que no se puede estar en misa y a la vez repicando. Y lo mismo, sin que nos sirva de precedente y solo por esta vez, van a tener razón. 

Crónica de una boda genovesa de postín y sin recortes

 

En septiembre del año 2002, el actual Presidente del Gobierno,  por entonces destinado en uno de los diversos Ministerios que durante 8 años le adjudicó Aznar, asistió junto a su señora y  decenas de invitados a la boda de Ana Aznar Botella, la chica mayor de los Fazmatella, SL, y que con gran aparato mediático publico & privado & institucional se celebró en El Escorial.

10 años después, el pasado sábado día 22, también estuvo de invitado en otra boda de alto standing. En esta ocasión, gracias a los movimientos internos del escalafón genovés, asistía como Presidente y no como un vulgar Ministro de jornada. En esta ocasión, el que se casaba, también era el chico mayor pero de su Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. El lugar elegido fue Santiago de Compostela.

Tanto una como otra tuvieron en común que ofició la ceremonia lo más selecto del escalafón eclesiástico. En la primera, el mismísimo Cardenal Rouco, mientras que en la segunda, por puro sentido de la proporcionalidad, el elegido fue el Arzobispo de Santiago, Julián Barrio. El evento religioso se celebró en la compostelana colegiata de Nuestra Señora la Mayor y Real de Sar, mientras que el convite en el Pazo de Cores, construido en siglo XVIII y situado en el valle de San Xoán de Barcala.

También tuvieron en común el gran despliegue de genoveses, también de alto standing, que no suelen perderse ni bodas, bautizos y comuniones que les puedan permitir hacerse ver, hacer negocios y lucir sus mejores vestimentas. Por allí pasaron ex Ministros del dictador Franco, como José Utrera Molina, abuelo materno del novio Gallardón Jr, empresarios como Isidoro Álvarez; Alfonso Cortina, Florentino Pérez o Fernández Tapias hasta una parienta Borbón .

Pero junto a estas similitudes había alguna que otra diferencia y algún que otro toque de distinción entre los novios de entonces y los de ahora, entre los respectivos padres de entonces y los de ahora y por supuesto, entre los invitados de El Escorial y los de Santiago.  

De los novios hay una obvia diferencia: Agag ya era entonces un prometedor comisionista aunque sin antecedentes penales, mientras que la novia del chico de Gallardón,  María Teresa Touriñán Morandeira es como Mariano, Registradora de la Propiedad aunque no en servicios especiales.Eso si, por el momento y tras el si quiero ha pasado a ser diferente al resto de sus compañeros de Registro: su nuevo y flamante suegro es en su calidad de Ministro de Justicia  su jerárquico superior.

Pero todo lo anterior, aún siendo importante para su posterior comercialización y venta en papel couché, no es realmente lo relevante de este tipo de encuentros festivos genoveses. Los invitados, los oficiantes, los novios, incluso Aznar & Botella como ahora Mariano y sus subordinados, comenzando por el Ministro de Justicia, son unos meros extras gananciales.

Los realmente protagonistas, aunque no se les invite ni se le informe, son una vez más, los ciudadanos que han pagado con sus impuestos y en tiempos de recortes, un sin fin de gastos colaterales que se producen al rebufo de la celebración de este tipo de festejos públicos & privados. Gastos que, mire por donde se mire, máxime en tiempos de crisis, son manifiestamente prescindibles

Vayamos a algunos ejemplos de la boda del pasado sábado. Tirando por lo bajo y según diferentes crónicas periodísticas, la seguridad de los asistentes, tanto la inmediata y personalizada como la colectiva, reunió a decenas de policías nacionales y a decenas de guardias civiles. Solo en el caso del Presidente del Gobierno, el número de escoltas supera con creces la docena que junto a otros Altos Cargos, hacen que se multiplique por N el número de placas policiales allí concentradas. A estos hay que añadir el refuerzo de seguridad como consecuencia de que se intentaron manifestar un grupo de estafados por el timo bancario de las preferentes.

Además como cualquiera se puede imaginar, a este importante número de efectivos policiales,  hay que añadir otro buen número de coches oficiales con sus respectivos conductores que se dieron cita para los traslados de todos los invitados con RD de nombramiento en el BOE, en el de varias CCAA y Ayuntamientos, como el de Madrid, con su alcaldesa digital a la cabeza. Sobre otros gastos sobrevenidos y variopintos podríamos continuar describiéndolos hasta provocar vergüenza ajena.

Pero no hay que engañarse ni dejarnos engañar. Una vez más nos encontramos ante aquellos que son especialistas en relativizar este tipo gastos, alegando que son el chocolate del loro. Casualmente son los mismos que no tienen reparo alguno en recortar todo tipo de servicios públicos pero a la vez utilizar recursos no menos públicos para desplazarse y asistir de gorra a estos eventos.

Y por último, sobre el periodismo de investigación y la necesaria transparencia informativa sobre este tipo de asuntos, lo dejamos para  otro momento. A más de uno se le quedara la cara de pasmado si conocieran la lista completa de los invitados.

2º Parte : Un Gobierno con clanes corporativos propios

El Clan de Abogados del Estado, cosecha 96, posando con el Rey

Los que hayan leído la primera parte de esta radiografía por capítulos del Gobierno de Mariano que se publicó la pasada semana recordarán que decíamos que uno de los argumentos electorales más reiterados y reiterativos de los pelotillas mediáticos genoveses fue poner en valor que, si el 20N ganaban las elecciones, podíamos dormir tranquilos ya que entonces estaríamos en manos de los mejores, de profesionales de postín y de los más preparados.

Y dentro de este amplio catalogo de súper hombres y súper mujeres, se decía, que contarían además con la complicidad de los desaprovechados y maltratados funcionarios públicos que volverían gracias a ellos a recuperar su  prestigio que con tanto empeño y maldad los pérfidos socialistas se habían encargado de hundir.

Como es habitual, con el apoyo de su aparato mediático de propaganda, nos reiteraron hasta la saciedad que  los nombramientos que comenzaban a concretarse en cada Consejo de Ministros respondían a ese perfil profesional. Muchos ciudadanos descubrieron a golpe de telediario y a golpe de rueda de prensa que España a pesar de ZP, estaba repleta de desinteresados Abogados del Estado, Técnicos Comerciales del Estado, Diplomáticos, Inspectores de Hacienda, etc. dispuestos a dar su vida y su cartera por el bien común.

Nada se nos dijo que la inmensa mayoría de estos desinteresados empleados públicos su vocación de servidor a la cosa pública apenas sumaban 2 trienios sobre el total de unas vidas laborales dedicadas a ganar dinero en la empresa privada. Nada se dijo que con esos nuevos Altos Cargos se excluía a la inmensa mayoría de los funcionarios para centrase solo en cuerpos minoritarios y elitistas. Y por supuesto, ni una línea para advertir que ,como señalamos en la primera parte, con esos nombramientos se estaba dando carta de naturaleza a lobistas profesionales y, como hoy tratamos de explicar en esta segunda parte, a clanes que anteponen sus intereses corporativos a los de la mayoría de los ciudadanos.

Vayamos a los datos. De entrada, por si alguien tuviera alguna duda sobre el peso que tienen  determinados cuerpos  entre los Altos Cargos genoveses,  esto es lo que hay:

De los agraciados por los Consejos de Ministros celebrados hasta el pasado viernes día 21(344) y entre los que reúnen la condición de funcionario (302), resulta que más de la mitad (160) se agrupan en torno a tan solo 6 Cuerpos que, ordenados de mayor a menor, atendiendo al número de premiados, dan el siguiente ranking:  

Diplomáticos: Suman un total de 23 para negociados varios en Madrid y otros 57 que han sido nombrados para Embajadas y organismos multilaterales. Dentro del primer lote, han extendido sus redes a Moncloa de la mano de Jorge Moragas, un diplomático de pego que nunca ha trabajado en el exterior y que como  Director de Gabinete de Mariano, se ha hecho acompañar de una corte de colegas que tuvieron durante los gobiernos de Aznar su minuto de gloria y de sangre apoyando sin complejos la guerra de Irak. Se han hecho hueco en otros Ministerios, tales como Defensa y Agricultura. Por lo que se refiere a embajadores, en términos generales, Margallo, ha optado por sacar del baúl del ex Presidente Aznar a clásicos miembros del cuerpo, conocidos por sus posiciones ultra conservadoras. 

Abogados del Estado: No son los primeros en número pero si lo son en influencia y por sus dotes corporativas. Aunque están en segundo lugar con un total de 22 efectivos, a nadie le pasa desapercibido que entre ellos se encuentran la Vice Presidenta Soraya Sáez de Santamaría y su marido Iván más el incompatible de Arias Cañete. Han extendido su influencia a todos los  organismos que se les ha puesto a tiro: RTVE (Presidente y Secretaria General), SEPI, CNMV, etc. No dan abasto. Funcionan a golpe de silbato y están organizados por promociones. Brilla con luz propia la cosecha de 1996 con su propio Mourinho a la cabeza, el inefable Pérez Renovales ya mencionado en la primera parte de esta radiografía y con una decena de sus componentes moviéndose en coche oficial no solo los fines de semana. Tienen tomadas manu corporativa la práctica totalidad de las Secretarías Generales Técnicas de los Ministerios.

 

Técnicos Comerciales del Estado: Son también 22 y cuentan igualmente con representación en el Consejo de Ministros (Soria y De Guindos). Los nombrados se han hecho fuertes en los Ministerios de Economía y de Industria. También tienen su cuota de presencia en Moncloa a través de unos de los gemelos de la gran familia genovesa: Álvaro Nadal Belda, Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. La mayoría tienen en común sus fuertes relaciones con el sector privado.

 

Administradores Civiles del Estado: Sobre el escalafón son los más numerosos, sin embargo los genoveses seleccionados apenas suman 17. Eso sí, son de total y probada lealtad genovesa. Con todo, han quedado reducidos a escasos ministerios y apenas cuentan en el proceso de decisiones. Son los restos de una pasada grandeza

 

Inspectores de Hacienda: Dicen los estudiosos que son los grandes perdedores dentro del reparto de poder entre los clanes genoveses más corporativos. Suman 14 y tienen como máximo y único representante en el Consejo de Ministros, al dicharachero Ministro de Asuntos Exteriores, Manuel García Margallo. A pesar de ello, han copado las Agencias Especiales Territoriales y la ONIF recuperando a una de las genovesas más genuina y controvertidas: Pilar Valiente, ex Presidenta de la CNMV.

 

Magistrados y Fiscales: Los 8 seleccionados tienen  en común su pertenencia a los sectores más conservadores de la judicatura y en algunos casos con profundos sentimientos religiosos. También tienen a un Ministro de referencia, Ruiz Gallardón  que en honor a la verdad y a pesar de cobrar los trienios de fiscal,  no hay constancia que haya ejercido como tal desde que lograra sacar la oposición. Dentro de este selecto club, aparte del Secretario de Estado de Interior y el Fiscal General del estado no está de más recordar a la peculiar Directora general de Política Interior. Cristina Díaz Márquez que como algunos de nuestro lectores recordaran, dejó pasmados a propios y extraños, tras sus originales y absurdas ruedas de prensa para explicar lo inexplicable. Es decir, que no hubo huelga durante la Huelga General del pasado 29 de Marzo. 

 

Para acabar este breve repaso no está de más precisar que no todos y cada uno de estos 163 Altos Cargos ejercen sus funciones atendiendo solo a sus intereses corporativos. En realidad, muchos de ellos, se han limitado a estar en el lugar, en el momento adecuado y a la vista de los ojeadores genoveses encargados de captar Altos Cargos.

Pero no es menos cierto que, tal como sucede por ejemplo con el clan de los Abogados del Estado, el componente corporativo es determinante para poder entender muchas de las decisiones que se están tomando en la retaguardia gubernamental alejada del control parlamentario y del seguimiento de los medios de comunicación.

Y finalmente, destacar  un aspecto del que se habla poco y que les une tanto a algunos de los que forman parte de estos clanes corporativos como determinados lobistas que tratamos en la primera parte de esta radiografía. Nos referimos a esos salarios diferidos que bajo el cajón de sastre de “indemnización por cese de actividad " han podido recibir de sus anteriores empresas, despachos, bancos, auditoras, mutuas, etc. y que con una sofisticada ingeniería contable y tributaria podría estar complementando sus escasas retribuciones como Alto Cargo. Piensa mal y acertarás.

PD. Tercera entrega próxima semana: Un Gobierno de lo más familiar y casero

Genoveses variopintos imputados en causas variopintas



La Sra. Condesa entre imputados y sospechosos de toda confianza

Con la frecuencia que nos permiten los acontecimientos que son muchos y variados,  hacemos un hueco en el camino para que los más quisquillosos de  las estadísticas tengan al día el listado de imputados genoveses que pululan por los juzgados que también son muchos y variados.

Pedimos disculpas por la inusual extensión de este post pero visto el abultado número de las causas abiertas no nos ha quedado más remedio que excedernos en el tamaño que suelen habitualmente ocupar nuestras historias.  

Las causas seleccionadas están siendo juzgadas en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana así como en varios juzgados de instrucción de diferentes municipios. Las hay de todo tipo y condición. El número de imputados tan solo de los casos aquí seleccionados ascienden a más de 300 de los que está acreditado que un porcentaje muy elevado están o han estado estrechamente relacionados con los genoveses originales y genuinos.

A los efectos oportunos y en un primer recuento provisional, las causas afectan a decenas de ex alcaldes y ex concejales en municipios repartidos en varias CCAA, a cerca de una veintena de diputados y ex diputados autonómicos, a decenas de Altos Cargos de varios gobiernos regionales, a ex diputados, ex senadores y ex eurodiputados.

Y desde el punto de vista de la cadena de mando orgánica dentro de lo diferentes clanes genoveses son numerosos los imputados que pertenecen o han pertenecido a sus Ejecutivas regionales, provinciales y locales. Es especialmente relevante el hecho que esté imputado el ex tesorero nacional L.B, más conocido por Luis Bárcenas   

Se encuentran imputados asimismo decenas de empresarios entusiastas del actual Partido en el Gobierno que aunque representan a diferentes sectores empresariales predominan los provenientes del sector del ladrillo y sucedáneos.

Por lo que se refiere a la tipología de los delitos presuntamente cometidos se encuentran una amplia muestra de los incluidos en el Código Penal: Cohecho pasivo y activo, prevaricación, malversación de fondos públicos, soborno, financiación irregular, delitos electorales varios, etc.

Estos son los agraciados, con su nombre, apellido, cargo y causa: 

1) CASO GÜRTEL 

La causa iniciada en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional se encuentra repartida entre el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia de la C. Valenciana y CA. de Castilla y León y en la Audiencia Nacional tras ser devuelta por TSJ de la Comunidad de Madrid. Según lo hasta ahora investigado en la causa “ existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio". Están imputados decenas de dirigentes nacionales, regionales, provinciales y locales del Partido Popular que unidos a empresarios, abogados y asesores fiscales hacen que el número total se aproxime a los 100. En la actualidad ninguno de los imputados está en prisión

Tribunal Supremo

Se encuentra pendiente de resolver el recurso que la acusación particular ha interpuesto contra la sentencia de un jurado popular por la que se declaraba no culpable de cohecho impropio a Francisco Camps, ex Presidente de la Generalitad y ex Presidente de PP en la C. Valenciana y Ricardo Costa, ex Secretario General del PP en esa misma Comunidad. La fiscalía ha renunciado a presentar recurso. Por una causa similar han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600 euros al exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. En sendas sentencias, la Sala de lo Civil y Penal condena también a Campos y Betoret a sufragar las costas procesales y acuerda el comiso de las prendas de vestir recibidas o, en su defecto, de su valor "en la cuantía de las mismas establecidas en los hechos probados".

Audiencia Nacional

El caso está siendo instruido por el titular interino del Juzgado nº 5, Pablo Ruz tras declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por el momento las actuaciones más relevantes han sido las siguientes: 

1) La Sección IV de la Audiencia Nacional ha reabierto la causa contra Luis Bárcenas, ex tesorero nacional, Jesús Merino, ex diputado y Ricardo Galeote , ex concejal,  al anular un auto del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a los citados. La Sala ordena que se continúe el procedimiento contra los tres, que por lo tanto retoman su condición de imputados, y argumenta que la decisión de archivo que tomó el juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable".

También ha sido reabierta la causa contra la mujer del ex Tesorero Nacional por un presunto delito fiscal. La implicación de Rosalía Iglesias se basa en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio que había adquirido en 1987 por 1.803 euros y había vendido en 2006 por 558,196 euros.La Agencia Tributaria asegura que la esposa del extesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta.

2) Contratos Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Están imputados Ángel López de la Mota, ex empleado en la sede nacional del PP y exdirector de Comunicación del organismo y José María Gabarri. La policía les acusa de que a cambio de obtener contratos mientras Francisco Álvarez-Cascos, ocupó el Ministerio de Fomento, percibieron más de 85.000 euros en comisiones en un período en el que las empresas de Correa obtuvieron contratos por 2,4 millones de euros. El juez Ruz considera que López de la Mota y Gabarri habrían participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos supuestamente amañados que favorecieron a Special Events y FCS Travel Group (ambas de Correa).

3) Por último, el juez Ruz ha retomado la instrucción del sumario remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas) en los que figuran algo más de 60 imputados, en su mayoría acusados de delitos relacionados con cohecho, prevaricación, malversación y financiación irregular del PP a través de Fundaciones, etc. Entre los imputados  destacan:

Dirigentes Partido Popular en la CA: 

Alberto López Viejo, ex Diputado regional y ex consejero de Deportes del gobierno de Esperanza Aguirre; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo; Arturo González Panero y Juan Siguero ex alcaldes de Boadilla del Monte; Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de Pozuelo; Ginés López, ex Alcalde de Arganda; Benjamín Martín Vasco, ex diputado autonómico; Alfonso Bosch Tejedor ex diputado autonómico; Juan Carlos Clemente Aguado ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

1) Financiación irregular PP en la Comunidad valenciana. Tras inhibirse el juez Pedreira, instructor del caso en el TSJ de la Comunidad de Madrid, el pasado año se abre una causa en el TSJ de la C. Valenciana por considerar que hay indicios de financiación irregular a favor del PP en las elecciones autonómicas de 2007 y la campaña de las generales de 2008. Se trataría de facturas pagadas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona". Hay 26 imputados:

Direccional nacional PP: Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional)

Direccional regional PP: Por delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG: Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV y diputado autonómico), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV y diputado autonómico), Yolanda García (tesorera del PPCV y diputada autonómica), Cristina Ibáñez (administradora electoral y gerente desde 1995) y Cristóbal Páez. Administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008.

Altos cargos Administración regional: Por delitos contra la Administración, cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros: Vicente Rambla, exvicepresidente del Gobierno y diputado autonómico, Milagrosa Martínez (exconsejera, expresidenta de las Cortes Valencianas diputada autonómica ) , Angélica Such ex consellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa del Parlamento regional, Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes, Juan Bover, jefe del departamento jurídico de la Consejería de Turismo, Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de Presidencia de la Generalitat, Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo, e Isaac Vidal, que fue jefe de área de Mercados y Comunicación en la misma agencia.

Empresarios: Todos los implicados y sus 9 empresas pertenecen al sector de la construcción. Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Constructora Hormigones, Martínez. Rafael Martínez Berna- alias El Cantante- directivo del grupo Vallalba Este empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Alegando razones personales recientemente presentó su dimisión

2) Visita de Benedicto XVI a Valencia en el año 2006.

Tras un reciente auto del Tribunal Supremo sobre el supuesto desvío de dinero a través de contratos de RTVV relativos a la visita del papa Benedicto XVI en julio de 2006, la causa está siendo instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). En la actualidad son 11 los imputados a los que se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año. Entre estos los imputados se encuentra Pedro García , ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV),  Pablo Crespo, ex Secretario de Organización del PP en Galicia,  el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín o Jacobo Gordon, ex socio y amigo de Alejandro Agag. Los tres últimos constan como administradores de la sociedad Castaño Corporate, una de las empresas a las que fue a parar parte del dinero sin que hicieran nada a cambio. 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Entre las ramificaciones territoriales de la trama hay abierta una pieza en la C.A Baleares. Entre los cargos públicos investigados por la Guardia Civil se encuentra José María Rodríguez ex Consejero de Interior con Jaume Matas (2003-2007) y hasta su dimisión el pasado mes de julio, Delegado del Gobierno en esa  Comunidad Autónoma. Se le acusa de haber concedido contratos a una agencia de la trama corrupta. La investigación judicial se centra en la supuesta malversación de caudales públicos por falsedad de facturas ligadas a la publicidad electoral del PP en 2007. En su etapa de Consejero tramitó encargos publicitarios institucionales a la agencia OverMC de la red de Gürtel, que a la vez ejecutó trabajos políticos para el PP

2) CASO BANKIA

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instruye una causa contra una treintena de  ex miembros del Consejo de Administración de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Están acusados de cometer un delito de estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas anuales, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Entre los consejeros de Bankia están Rodrigo Rato Figaredo (ex ministro de Economía en el Gobierno de Aznar), José Luis Olivas (ex presidente de Bancaja, ex presidente interino de la Comunidad Valenciana por el PP), José Manuel Fernández Norniella (ex presidente del Consejo Superior de Cámaras),

Entre los consejeros de Banco Financiero y de Ahorro (BFA) : Ángel Acebes (ex ministro de Justicia y ex secretario general del PP); José Rafael García-Fuster (ex concejal del Ayuntamiento de Valencia y ex senador territorial por el PP); Agustín González González, ( Presidente de la Diputación Provincial de Ávila ); Mercedes de la Merced (Ex concejal del Ayuntamiento de Madrid y ex eurodiputada por el PP), Jesús Pedroche ( ex presidente de la Asamblea de Madrid), Estanislao Rodríguez Ponga (ex secretario de Estado de Hacienda), Mercedes Rojo-Izquierdo (ex asesora técnica del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Ricardo Romero de Tejada (ex secretario general del PP de Madrid),

3) CASO BRUGAL

Hay abiertas tres causas: PGOU de Alicante; contrata de la basura de Orihuela  y el supuesto soborno al ex presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicar la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. El número de imputados supera la treintena.

Se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos. La investigación comenzó en el 2006, realizándose seis detenciones en mayo del 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. En julio del 2010 se retomó el caso con nuevos implicados. Entre los imputados se encuentran:

José Joaquín Ripoll, ex Presidente del Partido Popular de Alicante y ex Presidente de la Diputación provincial. En la actualidad es Presidente del Puerto de Alicante

Ex alcaldes del PP de Orihuela Mónica Lorente, José Manuel Medina y Francisco García Ortuño y seis ex concejales más del PP.

Sonia Castedo, actual Alcaldesa de Alicante y Diputada autonómica y el ex alcalde de esa ciudad Luis Díaz Alperi, también diputado regional. Sobre ambos hay indicios de delito de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos. Hay igualmente varios empresarios, entre ellos, el promotor Enrique Ortiz y su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el abogado urbanista José Luis Castedo hermano de la regidora Castelo. También directivos de Bancaja y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

4) CASO EMARSA

Se investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras numerosas irregularidades cometidas entre los años 2004 y 2010 en la extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima.

Esta era una empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos dedicada a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia. Se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y de otros 18 pueblos cercanos pagan con la factura del agua. La aportación directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales). Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons, José Ramón García Antón y Juan Cotino. Según la Agencia Tributaria Emarsa defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009.Hasta el momento hay 27 imputados.

5) CASO FABRA

El origen del caso se remonta al año 2003 cuando Vicente Vilar, un empresario de productos fitosanitarios, acusó a Carlos Fabra, por entonces Presidente de la Diputación Provincial de Castellón y Presidente del PP en esa misma provincia de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. La investigación desembocó en su imputación por varios delitos contra la Administración pública (tráfico de influencias y cohecho) y por 4 fraudes fiscales, tras detectar un incremento patrimonial no justificado. El caso estuvo parado durante años por los sucesivos cambios de jueces y fiscales. En el año 2010 la Audiencia de Castellón declaró prescritos cuatro de los cinco fraudes fiscales que se le imputaban. Sin embargo, el 1 de Diciembre del pasado año el Tribunal Supremo ordenó que Fabra fuera juzgado por todos los delitos fiscales que se le imputaban y no solo por uno, revocando así la decisión de la Audiencia provincial de Castellón.

Sin embargo, recientemente la sección Primera de la Audiencia Provincial, la que preside el propio presidente del tribunal, Carlos Domínguez, ha decidido devolver el caso al juzgado de Nules a través de un auto dictado de oficio, sin que nadie se lo pidiese. En su auto alega que el delito de cohecho que se le imputaba a Fabra no existe. La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que la recurriría ante el Supremo. También lo hará la acusación popular, primero ante la propia Audiencia y luego ante el Supremo.  El titular del Juzgado número 1 de Nules le ha impuesto una fianza de 4,2 millones. Según los peritos de Hacienda, el entonces matrimonio Fabra defraudó 1,2 millones. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 13 años de prisión, dos por cada uno de los cuatro fraudes, cuatro por el cohecho y uno por el tráfico de influencias. Por su parte, la acusación eleva su petición de prisión hasta los 20 años. Además de Carlos Fabra están imputados su ex esposa, María Amparo Fernández; el empresario denunciante Vicente Vilar y  su ex esposa. A la primera se le ha impuesto una fianzas de 1,7 millones y a Vilar y a Vives, 800.000. Por último, la Audiencia de Castellón ha decidido admitir la imputación de un nuevo dirigente del PP. Se trata del exdiputado y exsenador Miguel Prim, sobre el que el tribunal sostiene que "pudo haber cometido comportamientos que podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias, siquiera en grado de tentativa".

6) CASO COOPERACIÓN

Esta investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en mayo de 2011, tras una denuncia del fiscal Anticorrupción se centra en determinar el alcance y destino final de 9 millones de euros otorgados durante los años 2008 y 2009 a diferentes ONG por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitad Valenciana durante la etapa del Consejero Rafael Blasco, en la actualidad diputado autonómico y hasta hace poco tiempo, Portavoz en las Cortes Regionales.

La operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales habría desviado 447.000 y casi 500.000 euros, para la compra de dos entresuelos con garaje en Valencia que inicialmente estaban destinados para proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua. La juez ha elevado una providencia al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Rafael Blasco- ex Consejero del área ahora investigada. "ante los indicios existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" a quien era consejero cuando se produjo el fraude. En estos momentos hay 27 imputados.

7) CASO TORREVIEJA

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) ha fijado el próximo 26 de octubre para iniciar las sesiones de juicio oral contra el ex Alcalde y actual diputado regional, Hernández Mateo. Está acusado de favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de la contrata de basura de Torrevieja en 2004 en contra de los informes de los técnicos municipales. El fiscal pide para Mateo tres años de prisión, cinco años de inhabilitación para cargo público por el supuesto delito de falsedad documental y de ocho años de inhabilitación por prevaricación.

8) PALMA ARENA

La causa arranca tras conocerse numerosas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena cuyos costes se elevaron 50 millones de euros por encima de lo previsto. Los principales imputados son el ex Presidente de la Comunidad de baleares y ex Presidente del PP Jaume Matas y su esposa, Maite Areal; el ex gerente de PP balear, Fernando Areal (su apoderado y cuñado de Matas) y los ex altos cargos del PP: José Luis (Pepote) Ballester, Dulce Linares, Jane King, Juan Martorell, María Umbert, Antonio Serra, Raimundo Alabern, Pedro Álvarez, Antonio Palerm, Jorge Moisés y Rafael Durán. También están imputados Miguel Romero, publicista del PP y del Palma Arena; Antonio Obrador (decorador de las casas de Matas); Luís y Jaime García-Ruiz (arquitectos del Palma Arena y de la sede del PP) y Miguel Ángel Rodríguez, ejecutivo de la UTE FCC-Melchor Mascaró. 

9) CASO NOOS

Forma parte del Caso Palma Arena y se está investigando, entre otros aspectos, dos contratos, por 1,2 y 1,1 millones, que suscribió el Gobierno de Jaume Matas en 2005 y 2006 con el Instituto Noos que se hicieron sin concurso y sin respetar la Ley de Procedimiento Administrativo, según la investigación judicial. El contacto del Presidente de Noos, Iñaki Urdangarin para conseguirlos fue el entonces director general de Deportes de Baleares, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos que figuran en el sumario.

También el juez investiga las ramificaciones de este caso en la Comunidad Valenciana. Están imputados 7 Altos Cargos de la Administración Autonómica: Luis Lobón,  ex secretario autonómico de Turismo y Jorge Vela, ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que dimitieron de su cargo el 15 de mayo tras ser imputados. Asimismo también lo están , Elisa Maldonado, ex directora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, María Ángeles Mallent, ex responsable jurídica de la misma entidad;  José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias  y el empresario de Lobby Comunicación, Miguel Zorio.

10) ALCALDE DE VALLADOLID

Francisco Javier León de la Riva. Está imputado por la alteración irregular del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003, orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. Junto a León de la Riva están imputados siete concejales y exconcejales del Consistorio, presuntamente implicados en la alteración del PGOU de 2003. Los indicios apuntan a que el PGOU de Valladolid se modificó por la vía de introducir correcciones técnicas, que en realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico. Tras aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17; aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación; conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.

11) ALCALDE DE MURCIA

Miguel Ángel Cámara. Imputado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia en el marco de la denominada Operación Umbra. Este caso comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL. En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.

12) EX ALCALDE DE SANXENXO Y DIPUTADO POR PONTEVEDRA

Telmo Martín. El juzgado de Cambados y la fiscalía han acordado remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del ex alcalde cuando ocurrieron los hechos. En la actualidad Martín es Diputado por Pontevedra. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras. La causa fue archivada. Casi tres años después, la Audiencia de Pontevedra ordenaba reabrir la investigación al encontrar un funcionario unos legajos en un anaquel del archivo que provocaron una nueva investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de Telmo Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004.

13) CASO ESPIAS COMUNIDAD DE MADRID

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por segunda vez la causa contra agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a dos cargos genoveses —Alfredo Prada, entonces vicepresidente autonómico, y Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid—, ambos enfrentados con la Condesa Aguirre en la época en que fueron seguidos por al menos tres ex guardias civiles y un ex policía nacional. Las tareas de espionaje se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que escribió distintas anotaciones un empleado público de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. El espionaje tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando un día sí y otro también se discutía a gritos si el liderazgo debía seguir o no en manos de Mariano .

Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta tres ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón.

La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con los presupuestos autonómicos, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra. Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante.

PD. Próxima actualización 22 Diciembre 2012