Un chamán caprichoso

Esta historia que aquí os vamos a contar es un fiel reflejo de cómo hoy aún es posible que en plena crisis económica, laboral y social, con recortes masivos e indiscriminados, por razones que tienen que ver más con una concepción autoritaria, personalista y caprichosa que con un sentido útil y optimizador de los recursos públicos, algunos gestores genoveses tiran con pólvora ajena y toman decisiones innecesarias y costosas para el contribuyente.

Para situarnos, nada mejor que comenzar por sus protagonistas para luego continuar con sus caprichosas decisiones y sus consecuencias. El actor principal responde al nombre de Tomás Burgos. Desde Enero de este año es el actual Secretario de Estado de la Seguridad Social y rinde cuentas ante su superiora jerárquica que en este caso es, ni más ni menos,que la inefable y cada día más gritona Fátima Báñez, a la sazón y para sorpresa de propios y extraños,  Ministra de Empleo y Seguridad Social y accionista del Grupo Báñez, SL. 

Tomás Burgos es un viejo conocido de los lectores de este blog y a poquito que el Gobierno de su Mariano se lo proponga y recorte las pensiones, también acabará siéndolo para millones de pensionistas. En cualquier caso, para los que se acaban de incorporar, aquí podéis repasar los post que hemos dedicado al susodicho que a modo de resumen resumido, sugieren que nos encontramos ante un Secretario de Estado que durante años y años, incluyó  en su curricular oficial como Diputado por Valladolid, dicen unos que de forma deliberada,  y otros que por puro despiste, que era médico y/o licenciado en medicina. Tras descubrirse que nunca lo ha sido y probablemente nunca lo será, el hoy Secretario de Estado se ha resignado a que en la referencia de Ministerio aparezca lo que realmente tiene certificado:  “Estudios de medicina”. 

La cuestión es que al poco tiempo de ser nombrado, como a otros muchos clónicos genoveses, les dio por revisar todo lo revisable de los anteriores responsables socialistas. Es decir, buscar debajo de las piedras para ver si con un poco de fortuna aparecía algún asunto que llevar a sus medios de comunicación de referencia ávidos de publicar escándalos. Nada encontraron y es a partir de esta frustración frustrante cuando este chamán de saldo no se le ocurre nada mejor que decidir no prorrogar la adjudicación que por concurso se había adjudicado a la empresa encargada del ensombrado, impresión, manipulado y envío de las vidas laborales y bases de cotización a los 20 millones de trabajadores que de oficio se les remite a sus domicilios.

La decisión no estaba basada en la existencia de quejas de la mesa de contracción ni tampoco por parte de los receptores finales. Por no haber no había ni la más mínima sospecha ni indicio de que los sobres se perdieran en el camino o no se garantizará la confidencialidad de los datos que se contienen en los informes. En realidad, la explicación de esta absurda decisión es mucho más sencilla y a la par mucho más costosa para el erario y para el buen funcionamiento de un servicio público básico para los trabajadores, máxime en tiempo de crisis económica, donde gracias a la contrarreforma laboral de su jefa de escuadra, se han multiplicado por N los despidos individuales y colectivos.

El objetivo final no era otro que  como fuera hacer un nuevo concurso, aunque para ello hubiera que forzar los tiempos y de paso poner en peligro los plazos de entrega previstos. Pero sobre todo y ante todo, había que dejar constancia de la marca y sello del nuevo chamán con rango de Secretario de Estado. Dicho y hecho. El 13 de junio de este año, seis meses después de sentarse en su despachooficial, el BOE publicaba un anuncio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por el que se sacaba a una nueva licitación la adjudicación del ensobrado, impresión, manipulado y envío de las vidas laborales y bases de cotización para 20 millones de trabajadores.

Aparte de las dudas razonables que se han publicado en algunos medios de comunicación sobre por qué el valor estimado del nuevo contrato es  superior respecto a lo que hubiera supuesto su prorroga. Aparte de los costes asociados que para la propia administración supone poner en marcha un concurso de estas características. Incluso, cuando hay constancia que el contribuyente no obtiene ningún beneficio adicional a lo que ya estaba previsto antes de la nueva adjudicación, al final, resulta inevitable preguntarse  el por qué de esta decisión y quien o quienes son los responsables de semejante disparate.

La respuesta no está en el BOE ni en el análisis comparativo de las dos Resoluciones que tratan sobre esta adjudicación. Tampoco en las empresas adjudicatarias. La respuesta está en el titulo que da nombre a este post y que se refiere a la vanidad más vanidosa de estos responsables genoveses que sabiendo como sabían que no tenía sentido hacer lo que iban hacer, sin embargo lo hicieron.

PD.  Para los que crean que, como el Secretario de Estado,  toda iniciativa del gobierno socialista anterior es por definición sospechosa, aclararles que estas adjudicaciones se vienen haciendo desde el año 2000 con gobiernos tan genoveses como el de ahora y por los mismos procedimientos y con resultados similares a los obtenidos durante el periodo 2004-2011.