El Caso IVEX y la pareja genovesa formada por Eduardo Zaplana y Julio Iglesias, gracias a un desconocido juez de la República Dominicana, vuelven a ser noticia.
Para los que no saben de qué estamos hablando este caso salió a la luz a finales de la década de los noventa. En realidad, don dos en uno: La de Lagier, primero, y después la de Julio Iglesias. Todo comienza al descubrirse un agujero de 1.049 millones de pesetas generado, supuestamente, por unos derechos de compensación que posibilitaron la exportación a Túnez de 262 vehículos de la empresa Ford España a través de las empresas de Lagier. Y tuvo su continuación en el contrato avalado por el entonces Pte Zaplana y firmado poco después para que el cantante Julio Iglesias actuara como embajador de la Comunidad Valenciana, con el pago de cantidades millonarias por actividades nunca realizadas.
Sobre los detalles del procedimiento judicial abierto por el Juzgado
de Instrucción número 19 de Valencia por un presunto delito de falsedad en
documento mercantil y otro de malversación de caudales públicos por el que están
imputado 6 personas, incluido el entonces director del Ivex, José María
Tabares, que se dio a la fuga tras ser condenado a cinco años por otro fraude
que afectó al instituto, podéis pinchar aquí.
Pero lo relevante de este caso, además de las responsabilidades penales
que se puedan derivar, una vez más, tiene que ver con quien es su verdadero
protagonista por mas que no esté imputado y se haya retirado de la primera fila
genovesa para ganar dinero.
Hablamos de Eduardo
Zaplana y de otros que como él, siempre han encontrado un hueco, una salida,
una rendija para desaparecer como Don Beltrán en medio de la polvareda.
Su trayectoria política está repleta de sucesos e
irregularidades que en cualquier otro país de nuestro entorno estaría, en el
mejor de los supuestos, inhabilitado
para abrir la boca y mucho menos para ser fichado con sueldos millonarios por
empresas como Telefónica, previa y oportunamente privatizadas por sus colegas
genoveses por entonces en el Gobierno de la Nación.
Sin ánimo exhaustivo recordaremos algunos de ellos. En primer
lugar, su participación activa en el denominado Caso Naseiro con sus confesiones grabadas por la policía en las que
admitía como que le hacía falta dinero, mucho dinero estaba dispuesto a
repartirse comisiones urbanísticas. En segundo lugar, su paso por la alcaldía de Benidorm gracias al voto de una tránsfuga que durante los siguientes años recibió tanto ella como su
familia todo tipo de contraprestaciones económicas y laborales de la Generalitad.
En tercer lugar, los numerosos casos en que su familia y su entorno de colaboradores se han visto envueltos en todo tipo de irregulares. En cuarto lugar, su temeraria apuesta, con cuñado
incluido, por poner en marcha un negocio ruinoso llamado Terra Mítica. Y por último, su paso por el Ministerio de Trabajo con regalos
masivos a costa del contribuyente y concursos de publicidad a la medida.
En realidad, 17 años
después, este desconocido juez dominicano que ha tomado declaración a Julio
Iglesias, no solo pone en evidencia que los chanchullos de trileros como Zaplana siguen dando tumbos por
los juzgados. Sobre todo nos recuerda que tantos años mirando para otro lado,
hacen que de aquellos lodos nos encontremos ahora con estos polvos.
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