En plena caída libre de las familias genovesas originales y genuinas tras hacerse pública su contabilidad B aprovechamos para publicar la
2ª entrega de las causas judiciales en las que decenas y decenas de cargos
electos, cargos públicos y de sus diferentes ejecutivas entran y salen de los
juzgados tras se reclamada su presencia por los titulares de los mismos.
Para situarse recordaros que en la primera parte resumimos 8
causas y hoy os va la diferencia hasta las 15 seleccionadas. Sin más preámbulos
estos es lo que hay:
7) CASO
COOPERACIÓN
Esta investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en mayo de 2011, tras una denuncia del fiscal Anticorrupción se centra en determinar el alcance y destino final de 6 millones de euros otorgados durante los años 2008 y
La
operativa se desarrollaba, según la investigación, a través de dos fundaciones,
Cyes y Hemisferio, que tuvieron como
eje, entre otras, a la empresa Arcmed.
En el caso de la Fundación Cultural y de
Estudios Sociales habría desviado 447.000 y casi 500.000 euros, para la
compra de dos entresuelos con garaje en Valencia que inicialmente estaban
destinados para proyectos de cooperación para facilitar agua potable y mejorar
cultivos en Nicaragua. En estos momentos
hay 27 imputados.
Tras elevar la juez una providencia al Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que pide que se
pregunte en el Parlamento autonómico por la condición de diputado de Rafael Blasco-
ex Consejero del área ahora investigada, "ante los indicios
existentes en la causa para imputar hechos de naturaleza delictiva" a
quien era consejero cuando se produjo el fraude, el citado Tribunal Superior
ha decidido su imputación por fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de
influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La
imputación provocó la renuncia de Blasco a seguir como portavoz parlamentario,
aunque continúa en su escaño.
El
Grupo Popular, que cuenta con 55 diputados en la Cámara, tras la imputación de
Blasco, tiene 10 parlamentarios imputados
8) CASO TORREVIEJA
El Tribunal Superior de Justicia valenciano
(TSJ), el pasado 30 de noviembre del 2012, ha condenado a tres años de cárcel a
Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado en las Cortes Valencianas, ex alcalde de
Torrevieja durante 20 años. En la sentencia ha sido declarado
culpable de falsedad en documento oficial y prevaricación. El entonces alcalde
cometió los delitos en la adjudicación, en 2004, del mayor contrato del
Ayuntamiento de Torrevieja; el servicio de basura por 96 millones de euros en
10 años (que han acabado siendo más), a la unión de empresas integrada por
Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios. La sentencia
establece, además, la inhabilitación
para ser alcalde o cargo electivo local durante siete años. El relevo en su puesto en las Cortes lo ha
ocupado Elisa Díaz, hija del ex alcalde de Alicante y también diputado Luis
Díaz Alperi, imputado en Brugal.
9) CASO
MATAS
En este apartado se incluye varias causas judiciales en las que están imputados el ex Presidente de la Comunidad de Baleares y ex Presidente del PP, Jaume Matas así como numerosos altos cargos de sus gobiernos y dirigentes del Partido Popular. De todas ellas destacan las siguientes:
PALMA ARENA. La causa arranca tras conocerse numerosas irregularidades en la construcción del velódromo Palma Arena cuyos costes se elevaron 50 millones de euros por encima de lo previsto. Los principales imputados son el ex Presidente de la Comunidad de baleares y ex Presidente del PP Jaume Matas y su esposa, Maite Areal; el ex gerente de PP balear, Fernando Areal (su apoderado y cuñado de Matas) y los ex altos cargos del PP: José Luis (Pepote) Ballester, Dulce Linares, Jane King, Juan Martorell, María Umbert, Antonio Serra, Raimundo Alabern, Pedro Álvarez, Antonio Palerm, Jorge Moisés y Rafael Durán. También están imputados Miguel Romero, publicista del PP y del Palma Arena; Antonio Obrador (decorador de las casas de Matas); Luís y Jaime García-Ruiz (arquitectos del Palma Arena y de la sede del PP) y Miguel Ángel Rodríguez, ejecutivo de la UTE FCC-Melchor Mascaró.
CASO NOOS. Forma parte del Caso Palma Arena y se está investigando, entre otros aspectos, dos contratos, por 1,2 y 1,1 millones, que suscribió el Gobierno de Jaume Matas en 2005 y 2006 con el Instituto Noos que se hicieron sin concurso y sin respetar la Ley de Procedimiento Administrativo, según la investigación judicial. El contacto del Presidente de Noos, Iñaki Urdangarin para conseguirlos fue el entonces director general de Deportes de Baleares, José Luis Ballester, como prueban algunos correos electrónicos que figuran en el sumario.
También el juez investiga las ramificaciones de este caso en la Comunidad Valenciana. Están imputados 7 Altos Cargos de la Administración Autonómica: Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Jorge Vela, ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que dimitieron de su cargo el 15 de mayo tras ser imputados. Asimismo también lo están , Elisa Maldonado, ex directora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, María Ángeles Mallent, ex responsable jurídica de la misma entidad; José Manuel Aguilar, ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el empresario de Lobby Comunicación, Miguel Zorio.
10)
CASO ESPIAS COMUNIDAD DE MADRID
Tras reabrir por segunda vez la Audiencia Provincial de Madrid este sumario contra agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a varios cargos del PP, entre otros a Alfredo Prada, entonces vicepresidente autonómico y a Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid, se han hecho públicas las declaraciones de un guardia civil en las que acusa a sus superiores de practicar espionaje a estos y a otros altos cargos o responsables políticos. El imputado acusa directamente al actual Presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Las tareas de espionaje se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que escribió distintas anotaciones un empleado público de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. El espionaje tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP nacional dirimía si el liderazgo seguía o no en manos de Mariano Rajoy.
Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta tres ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón.
La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de
11.
CASO ÁTICO PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Tras varias denuncias del SUP, la titular del juzgado de instrucción número cinco de Estepona ha decidido investigar la propiedad del ático de lujo del que es propietario en Marbella el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
En una Providencia fechada el 9 de enero 2013, la juez reclama a la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria que le remita “toda la información fiscal” sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos), ex propietaria del piso, de 500 metros cuadrados y sito en la lujosa urbanización Alhambra del Golf. La juez da por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.
Tras conocerse esta actuación judicial, el Presidente de la CAM informó a los medios de comunicación que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, en el que veranea desde hace años. Según las escrituras, el 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) es de la esposa del Presidente, Lourdes Cavero, vicepresidenta de la patronal madrileña, con la que tiene régimen de separación de bienes. El 20% restante, sería propiedad de González y le ha supuesto un desembolso de 154.000 euros. En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y, a ella, un 80%. El sueldo como Presidente asciende a 103.000 euros brutos al año, unos 4.800 netos al mes.
Hasta
su compra, figuraba como propietaria la empresa Coast Investor LLC, una
sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos). Hasta hacerse pública
la escritura, Ignacio González había afirmado que solo era un inquilino.
La Fiscalía Anticorrupción archivó en mayo del 2012 una denuncia
del SUP en el mismo sentido. Además, el primer Comisario General de Policía Judicial nombrado por el Gobierno de
Rajoy, Enrique Rodríguez Ulla, fue
destituido por abrir una investigación secreta y oficial sobre este ático de
lujo.
12.
CASO MADRID ARENA
El 1 de noviembre de 2012 durante una fiesta multitudinaria en el recinto Madrid Arena, en plena Casa de Campo, tras una avalancha humana, murieron cinco jóvenes, una de ellas menor de edad. Gracias a las grabaciones tanto de las cámaras de seguridad como de los propios asistentes a la fiesta, se comprueba que se superó con creces el aforo permitido. En total, la Policía estima que durante la noche de Halloween había unas 23.000 personas en el Madrid Arena, más del triple de la cantidad (7.000) que en un principio informó la empresa Diviertt al Ayuntamiento de Madrid y más del doble de las entradas que la firma declaró haber vendido, 9.600.
El
titular del juzgado de Instrucción número 51 de Madrid se hace cargo del caso. El
concejal de Economía, Pedro Calvo,
dimite tras ser imputado por ser presidente de Madrid Espacios y Congresos, la
empresa pública municipal que alquiló el Madrid Arena para la fiesta. Lo hizo a
pesar de que el pabellón no tenía licencia de funcionamiento y de que la
organizadora acumulaba deudas con la Seguridad Social. Mantiene su condición de
concejal. El fiscal superior de Madrid, Manuel
Moix, cree que "todo
apunta" a que el Ayuntamiento es responsable civil subsidiario de lo
que ocurrió. La Delegada del Gobierno Cristina
Cifuentes niega que diese el visto bueno a la fiesta porque no es de su
competencia. El juez instructor imputa a
otras siete personas, entre ellas varios cargos de confianza municipales.
Se hace público que la
alcaldesa Ana Botella se marchó de viaje de placer a Portugal el jueves 1, el sábado 3 y el domingo 4 de noviembre, solo
horas después de la muerte de las jóvenes.
Sale a la luz que el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, fue quien ofició la boda de José María Flores, el administrador
único de Diviertt y hermano del propietario de la empresa. El 9 de enero es destituido y/o dimite el Vice Alcalde Villanueva
13.
CASO BALTAR. DIPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Ourense admite a trámite la querella del fiscal contra el ex Presidente del PP en la provincia y ex Presidente de la Diputación Provincial, José Luis Baltar, por un presunto delito de prevaricación continuada. El magistrado investigará la contratación de un centenar de personas en la Diputación en las semanas previas al congreso del PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales. El origen de la querella está en una denuncia del PSG- PSOE a Baltar, que presidía.
La
querella incluye una amplia documentación —300 folios— fruto del contraste,
persona a persona, del centenar de enchufados tras la información que le
trasladó, en 2010, el PSOE provincial. La denuncia de “enchufismo” se basa en
la “ausencia de publicidad”, esto
es, de convocatoria de oferta pública, para optar a las plazas, incumpliendo
los principios de igualdad, mérito y capacidad que deben regir los procesos de
selección de personal en las instituciones públicas.
14.
ALCALDES DE CAPITALES IMPUTADOS
SANTIAGO
DE COMPOSTELA. En los primeros días de enero 2013, la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar
de Lara, ha imputado al alcalde de Santiago, Ángel Currás, en la Operación Pokemon, que investiga
presuntas irregularidades en las adjudicaciones de ayuntamientos gallegos a
diferentes empresas, principalmente al Grupo Vendex. El regidor accedió al
cargo en abril del año pasado en sustitución del dimitido Gerardo Conde Roa acusado de un supuesto delito fiscal. Ángel
Currás, se ha visto implicado en la Operación Pokemon después de la imputación
hecha en esta causa a su concejala de Educación, Rebeca Domínguez, que prestó
declaración en el mencionado juzgado lucense el pasado 20 de diciembre.
VALLADOLID.
Francisco Javier León de la Riva. Está imputado por la
alteración irregular del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2003,
orientada supuestamente a conceder licencias de construcción y aumentar
coeficientes de edificabilidad para beneficiar a determinadas personas. Junto a León de la Riva están imputados
siete concejales y ex concejales del Consistorio, presuntamente implicados en
la alteración del PGOU de 2003. Los indicios apuntan a que el PGOU de
Valladolid se modificó por la vía de introducir correcciones técnicas, que en
realidad eran variaciones sustanciales en el desarrollo urbanístico. Tras
aprobarse su publicación, pudo conocerse que lo publicado no se correspondía
con lo aprobado por el Ayuntamiento. Así fue posible construir 124 viviendas
unifamiliares en el lugar de las nueve previstas en el PGOU, con un beneficio
para el promotor de 11,4 millones de euros. Las modificaciones también
permitieron demoler el edificio de la céntrica calle Bajada de Libertad, 17;
aumentar el parámetro de edificabilidad de la Ciudad de la Comunicación;
conceder licencia para un complejo residencial para mayores en la calle de Arca
Real y autorizar para uso hotelero la antigua fábrica de harinas La Perla.
MURCIA.
Miguel Ángel Cámara. Imputado por el Juzgado de Instrucción número
8 de Murcia en el marco de la denominada Operación
Umbra. Este caso comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las
dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como
despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el
domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede
social de su empresa Sport Management & Project SL. En esta causa, en la
que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos,
blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y
otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús
Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de
Murcia y mujer de Alberto Guerra.
15.
VARIOS
EX
ALCALDE DE SANXENXO Y DIPUTADO POR PONTEVEDRA. El
juzgado de Cambados y la fiscalía han acordado remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito
medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo
y que podría derivar en la posible imputación del ex alcalde cuando ocurrieron
los hechos. En la actualidad Martín,
amigo personal del Presidente del Gobierno, es Diputado por Pontevedra. La investigación se refiere a la venta de
parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa
Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes
por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. El caso se abrió a raíz de una
denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la
promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de
servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos
desbordamientos y conllevó la paralización de las obras. La causa fue
archivada. Casi tres años después, la Audiencia de Pontevedra ordenaba reabrir
la investigación al encontrar un funcionario unos legajos en un anaquel del
archivo que provocaron una nueva investigación por si "pudieran derivarse
responsabilidades penales" de Telmo
Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y
tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004.
