La wikipedia gurteliana : La madeja judicial

Con la frecuencia que la actualidad aconseja y tras poner en común en dos entregas una selecta muestra de imputados y relacionados con la trama Gürtel, hoy damos un nuevo paso en favor de la transparencia informativa de tal modo que en rigurosa exclusiva para nuestros lectores, hemos elaborado un resumen resumido de la madeja judicial en que se ha convertido este caso.

Como algunos recordarán esta causa iniciada en el año 2007 y conocida por la opinión pública en febrero del año 2009, se encuentra repartida entre el Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana y en la Audiencia Nacional, tras ser devuelta por TSJ de la Comunidad de Madrid. En la actualidad hay abiertas 12 investigaciones judiciales.

Según lo hasta ahora investigado “ existen indicios suficientes de que los imputados, en unión de otros, establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular en algunos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente de las Comunidades de Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio".

Están imputados decenas de dirigentes nacionales, regionales, provinciales y locales del Partido Popular que unidos a empresarios, abogados y asesores fiscales hacen que el número total supere la cifra de 100. El último de los imputados en abandonar la prisión en junio 2012, ha sido Francisco  Correa, tras tres años y cuatro meses en prisión preventiva

TRIBUNAL SUPREMO

1.  Se encuentra pendiente de resolver el recurso que la acusación particular ha interpuesto contrala sentencia de un jurado popular por la que se declaraba no culpable de cohecho impropio a Francisco Camps, ex Presidente dela Generalidad y ex Presidente de PP en la C. Valenciana y Ricardo Costa, exSecretario General del PP en esa misma Comunidad. La fiscalía ha renunciado a presentar recurso. Por una causa similar han sido condenados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al pago de una multa de 9.600 euros al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y ex jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

AUDIENCIA NACIONAL

El caso está siendo instruido por el titular interino del Juzgado nº 5, Pablo Ruz tras declararse incompetente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al perder la condición de aforados varios de los imputados que había sido diputados en la Asamblea de Madrid.

Por el momento las actuaciones más relevantes han sido las siguientes:

2. Bárcenas, Merino y Galeote.  La Sección IV de la Audiencia Nacional en marzo del 2012 aceptó los recursos del acusación particular, abogacía del estado y ministerio fiscal y decide  anular un auto del juez Pedreira del Tribunal de Justicia de Madrid que acordaba el sobreseimiento provisional y archivo de la causa respecto a Luis Bárcenas, ex senador, ex gerente y ex tesorero nacional del PP, Jesús Merino, ex diputado, ex miembro de la dirección del GPP y Ricardo Galeote, ex concejal de Estepona. Tanto el abogado de Bárcenas como los abogados del PP, personado como acusación, se opusieron a los recursos para que se retomara la causa. La Sala ordenó que continuara el procedimiento contra los tres, por lo que retomaron su condición de imputados por cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Sala argumentó que la decisión de archivo que tomó el juez Antonio Pedreira no era "ni urgente ni inaplazable". El origen de sus imputaciones está en que sus nombres y cantidades recibidas aparecen en la contabilidad B de la red de Francisco Correa. Por lo que respecta a Bárcenas en enero del 2013 el juez Ruz dictó varios autos tras recibir una primera información de la Comisión Rogatoria enviada a Suiza. Según se desprende de estos autos quedaría acreditado que Bárcenas tenía sociedades a su nombre en paraísos fiscales y que disponía, al menos, de una cuenta en Suiza en la entidad Dresner Bank, situada en Ginebra. La cuenta está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas. En la cuenta llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009. Con posterioridad se ha conocido a través de los abogados de su defensa que el ex Tesorero se ha acogido a la reciente “ amnistía fiscal “ promovida por el Gobierno de Rajoy. El juez Ruz le ha retirado el pasaporte y le obliga a personarse cada 15 días en el juzgado.

3. 20 de abril. Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas, vuelve a ser imputada. El juez Ruz le atribuye un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La implicación se basa en un informe de Hacienda de junio de 2006 que detectó un supuesto fraude fiscal cometido por ella al ingresar en su cuenta corriente más de 500.000 euros en billetes de 500 el 19 de enero de 2006. Esa cantidad, según aseguró la esposa de Bárcenas a los inspectores, corresponderían a la venta de un bien propio. La Agencia Tributaria asegura que la esposa del ex tesorero del PP no ha podido acreditar hasta el momento cuál fue el bien que vendió ni a quién, ni ha aportado los documentos que acreditarían su compra a finales de los años ochenta.

 

4. 18 de mayo. El juez Ruz, retoma la instrucción del sumario remitido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en los que figuran algo más de 60 imputados, en su mayoría acusados de delitos relacionados con cohecho, prevaricación, malversación, financiación irregular del PP a través de Fundaciones, etc. El juez ha reclamado a la Administración regional la documentación de 317 actos celebrados entre 2004 y 2006 para comprobar si se han producido sobrecostes y comisiones. Entre los imputados por este sumario destacan varios dirigentes del Partido Popular en la CA: Alberto López Viejo, ex Diputado regional y ex consejero de Deportes del gobierno de Esperanza Aguirre; Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda y gerente del Mercado Puerta de Toledo; Arturo González Panero y Juan Siguero ex alcaldes de Boadilla del Monte; Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de Pozuelo; Ginés López, ex Alcalde de Arganda; Benjamín Martín Vasco, ex diputado autonómico; Alfonso Bosch Tejedor ex diputado autonómico; Juan Carlos Clemente Aguado ex vice consejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid.

5. Contratos Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). Están imputados Ángel López de la Mota, ex empleado en la sede nacional del PP durante la etapa de Álvarez Cascos como Secretario General del PP y ex director de Comunicación del organismo y José María Gabarri. La policía les acusa de que a cambio de obtener contratos mientras Francisco Álvarez-Cascos, ocupó el Ministerio de Fomento, percibieron más de 85.000 euros en comisiones en un período en el que las empresas de Correa obtuvieron contratos por 2,4 millones de euros. El juez Ruz considera que López de la Mota y Gabarri habrían participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de los concursos supuestamente amañados que favorecieron a Special Events y FCS Travel Group (ambas de Correa).
   

6. Castilla y León. Variante de Olleros de Alba. En su día, esta causa fue a parar a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, ya que la investigación por prevaricación y cohecho afectaba al ex presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago (Toti). En el mes de abril del 2012 este tribunal dictó el sobreseimiento libre al considerar que el delito de cohecho habría prescrito y el de prevaricación no había quedado probado. Esta decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción lo que le ha llevado al TSJCyL ha ratificar el archivo respecto al diputado Fernández de Santiago y remitir el resto de la causa a la Audiencia Nacional. El juez Ruz en un auto fechado el 13 de septiembre del 2012 asume la investigación en lo que se refiere al eventual pago en 2002 y 2003 de comisiones vinculadas a la adjudicación del expediente de la "variante de Olleros de Alba" (León)". En el pago y cobro de esas comisiones habrían intervenido Francisco Correa, el ex diputado Merino, Pablo Crespo y el contable de la trama, José Luis Izquierdo.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Tras un reciente auto de fecha 4 de febrero, el juez instructor José Ceres ha añadido 3 nuevas piezas a las 3 existentes lo que eleva a 6 el número total de investigaciones abiertas relacionadas con la trama y la financiación irregular del PPCV.

7. Pieza primera: Supuesto delito electoral previsto en el Art. 149 de la LOREG en las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Se investiga si las deudas del PP valenciano con Orange Market, que organizó diferentes actos de campaña para los populares valencianos, fueron saldadas por otras empresas. En esta pieza figuran como imputados los diputados autonómicos del PP Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, la ex gerente regional del partido Cristina Ibáñez, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, y los máximos responsables de la trama Gürtel, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez "el Bigotes". También están imputados los administradores de varias empresas, como Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Construcciones Hormigones Martínez y PIAF. El juez instructor tomó declaración a varios imputados en abril y mayo pasados.

8. Pieza segunda: Supuesto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008. Figuran como imputados la cúpula de la trama Gürtel, los mismos diputados que en la pieza anterior y los gestores de las empresas Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Lubasa y Sedesa. El juez Ceres tomó declaración a varios imputados en abril y mayo pasados.

9.Pieza tercera: Supuestos delitos de prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009. Se investigan las adjudicaciones por seis millones de euros a la red de Francisco Correa del pabellón de la Generalitat en estas ferias turística. Entre los imputados se encuentran: Vicente Rambla, ex vicepresidente del Gobierno y diputado autonómico, Milagrosa Martínez (ex consejera, ex presidenta de las Cortes Valencianas y diputada autonómica ) , Angélica Such, ex consellera de Turismo y actual secretaria primera de la Mesa del Parlamento regional y Rafael Betoret, exjefe de gabinete en Turismo, ya condenado en el caso de los trajes. También se encuentran imputados los propietarios y gestores de las mercantiles Orange Market, SL, Boomerandrive SL, Easy Concept Comunicación SL (antes, Down Town Consulting SL), Rialgreen SL,TCM SL; Servimadrid Integral SL: Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y los empleados, Cándido Herrero Martínez, José Luis Izquierdo, Felisa Isabel Jordán y Mónica Magariños. El 16 de enero 2013, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de calificación de los hechos previo a la apertura del juicio oral. Entre las penas que solicita destacan las siguientes 

11 años de prisión para Milagrosa Martínez, alias La Perla, ex Consejera de Turismo, ex Presidenta de las Cortes Valencianas, actual diputada autonómica y alcaldesa de Novelda (Alicante). La fiscalía acusa a Martínez de los delitos continuados de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, así como de un delito de cohecho. Junto a la pena de prisión, pide para ella 34 años de inhabilitación (16 de ellos, absoluta). Según la fiscalía, Martínez recibió un reloj de la marca Hublot por importe de 2.400 euros que Francisco Correa adquirió en el establecimiento Joyería Suárez, sita en la calle Serrano número 63 de Madrid.

11 años de prisión  y 38 de inhabilitación para Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de Martínez.

10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación a Angélica Such, ex Consejera de Turismo y diputada autonómica.  

Al Vicepresidente Rambla y diputado autonómico se solicita el sobreseimiento provisional de por no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos, aunque sigue imputado, en las piezas separadas del mismo caso que indaga la supuesta financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.

Para los responsables de la red de empresas de la trama, el fiscal solicita  un total de 10 años de prisión para Francisco Correa por delitos continuados, como autor o cooperador necesario, de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Y 11 años y medio de cárcel para Álvaro Pérez y Pablo Crespo porque a los delitos atribuidos a Correa se suma el de falsificación de documento oficial.

10. Pieza cuarta. Supuestos delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa para la cobertura de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Se investiga el suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con el quinto Encuentro Mundial de las Familias, así como la posible percepción de dádivas relacionadas con dicha contratación, presuntamente recibidas por el entonces director general del ente, Pedro García. Esta causa en un primer momento fue instruida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Posteriormente, desde marzo hasta junio del 2012, el caso pasó al juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y desde junio del 2012, tras un auto del Tribunal Supremo,  está siendo instruido nuevamente por el TSJCV.  En la actualidad son 11 los imputados. Entre estos se encuentran, además de Pedro García , ex director de la Radio Televisión Valenciana (RTVV),  Pablo Crespo,  el ex vicepresidente de Repsol, Ramón Blanco Balín, amigo personal del ex Presidente Aznar y Jacobo Gordon, ex socio y amigo de Alejandro Agag. Los tres constan como administradores de la sociedad Castaño Corporate, una de las empresas a las que fue a parar parte del dinero sin que hicieran nada a cambio. Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputaciones, el ex director general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas. Los trabajos fueron subcontratados después a "empresas pantalla": Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.

11. Pieza quinta. Supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa -a excepción de la contratación investigada ya en otra pieza anterior con la Agencia Valenciana de Turismo.

12. Pieza sexta. Supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o alguna de las sociedades vinculadas a ella y derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas primera y segunda de la causa abierta. En ellas se hace referencia a delitos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades de Orange Market correspondientes a 2007 y a un delito continuado de falsedad. También se indica que, respecto de 2008, podían haberse cometidos delitos contra la Hacienda pública o contables o un delito continuado de falsedad.